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18/10/2019
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Golpe a la justicia universal


AUTOR:  Javier CHINCHÓN ÁLVAREZ


Ilustración de MANDRAKE

Aunque mi oficio sea otro, propondría comenzar este artículo con aquellas cinco preguntas básicas del periodista. Empecemos por el “qué”, esto es, por concretar a qué nos referimos con el término jurisdicción universal: la persecución internacional que pretende imponer este principio se basa exclusivamente en las particulares características de los delitos sometidos a ella (genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra, etc.), cuya lesividad trasciende la de las concretas víctimas y alcanza a la Comunidad Internacional en su conjunto. Consecuentemente, su persecución y sanción constituyen, no sólo un compromiso, sino también un interés compartido de todos los estados; cuya legitimidad no depende de ulteriores intereses particulares de cada uno de ellos.

Aclararé que intencionadamente he recogido la definición no de radicales defensores de la jurisdicción universal, sino las palabras literales del Tribunal Constitucional. ¿Quién amenaza esta interpretación de nuestro Alto Tribunal? Inicialmente, el Partido Popular, pero tras él, muy significadamente, el Partido Socialista. ¿Cómo lo han hecho? Introduciendo una inopinada enmienda en el Proyecto de Ley de Reforma de la legislación procesal para la implantación de la Oficina Judicial, que pese a lo que se ha dicho, no limita el principio de jurisdicción universal, sino que lo dinamita. Y esto es así porque con lo que se pretende no estaríamos ya ante un principio ideado para la persecución de crímenes que, por sus características, afectan a toda la Comunidad Internacional, sino que se quiere establecer que nuestros tribunales sólo sean competentes frente a esos crímenes si se diera alguna de las siguientes condiciones. La primera, que el presunto responsable se encuentre España; esto es, como ya dijo el mismo Tribunal Constitucional, una restricción de hondo calado que resultaría contradictoria con el fundamento y los fines inherentes de la jurisdicción universal. Adicionalmente, que las víctimas sean españolas o concurra “algún vínculo de conexión relevante con España”; dicho en otros términos, por arte de magia se quiere sustituir el principio de jurisdicción universal por lo que se conocen como principio de personalidad pasiva y principio real o de protección. Sobre este particular, también el Tribunal Constitucional nos ha compartido que tal pretensión se muestra palmariamente contraria a la finalidad que inspira la institución, que resultaría alterada hasta hacer irreconocible el principio de jurisdicción universal. ¿Cuándo ha ocurrido todo esto? El 20 de mayo. ¿Dónde? Al socaire de las Resoluciones aprobadas tras el debate del estado de la nación; es decir, a la sombra de la discusión sobre las medidas para combatir la crisis económica.

Ahora bien, ¿por qué lo han hecho? ¿Por qué se está intentando acabar con lo que muchos consideran una de las mayores aportaciones jurídicas de España al derecho internacional penal, a la lucha contra la impunidad, iniciada a partir del proceso abierto contra Pinochet? La respuesta temo que es más decepcionante aún que la propia propuesta de reforma. Para comprobarlo, echemos la vista atrás. La materialización del principio de jurisdicción universal, contenido en el, sin duda mejorable, artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se inició en España en relación a gravísimos hechos cometidos en Chile, Argentina y Guatemala. En aquellos días, prácticamente nadie abogó por una reforma de esta disposición en el sentido que ahora se pretende; pese a las variopintas protestas de algunos representantes de aquellos estados. A estos procesos siguieron otros en que los acusados eran nacionales de Estados Unidos, China, Marruecos o Israel; actuaciones que tampoco fueron del gusto de algunas de sus autoridades. Pero fue a partir de aquí cuando el compromiso de las autoridades españolas con la lucha contra la impunidad de los presuntos responsables de los más graves crímenes parece que se fue diluyendo.

Buen ejemplo de ello fue la promesa de comienzos de este año de nuestro ministro de Asuntos Exteriores a su homóloga israelí, ante las acciones judiciales iniciadas por la muerte de civiles en Gaza en 2002; esencia misma de la primacía de las “buenas relaciones bilaterales” (sic) por sobre la persecución de posibles criminales internacionales. Y es que, ya entonces, se barajó públicamente la pertinencia de realizar “ajustes” legislativos en cuanto a la jurisdicción universal. Ajustes que ahora se han tornado en eliminar de un plumazo este incómodo principio de nuestra legislación.

Desde luego, no es la primera vez que observamos cómo las presiones de ciertos Estados doblegan la voluntad de otros en este ámbito. Esto ya ocurrió con la legislación belga y las amenazas de Estados Unidos allá por 2003, pero que estas miserias no sean excepcionales en las Relaciones Internacionales no debiera evitar nuestra censura y resistencia frente ellas. Es más, entiendo que especialmente las del actual Ejecutivo, que en su reciente Plan de Derechos Humanos se marcaba como objetivo prioritario “la lucha contra la impunidad”. Curiosa manera de combatirla sería justamente borrar del mapa uno de sus mecanismos más destacados, el principio de jurisdicción universal; pero si esto es lo que debemos discutir, al menos solicitar que el debate se presente en sus justos términos. Yo propondría los siguientes: ¿Deseamos mantener en nuestra legislación el compromiso por la justicia universal y la sanción de aquellos que atentan contra la esencia de los valores de la Comunidad Internacional, o preferimos olvidarnos de estas cuestiones y evitarnos los inconvenientes consabidos de tal actuar en el escenario de la Realpolitik?

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MANIFIESTO

   En apoyo a la jurisdicción universal

Las organizaciones sociales, grupos de solidaridad, ONG de desarrollo y asociaciones de derechos humanos, así como las personas del ámbito académico y jurídico, enumeradas abajo:

EXPRESAMOS nuestra oposición a la aprobación por parte del Congreso de los Diputados de la Resolución que limita el ejercicio por los tribunales españoles de la jurisdicción penal universal y restringe su competencia a los casos en que los presuntos responsables se encuentran en España o a que haya víctimas de nacionalidad española.

RECORDAMOS, una vez más, que como país firmante de los Convenios de Ginebra de 1949 sobre Derecho Internacional Humanitario y del Protocolo Adicional I a dichos Convenios, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales, España tiene la obligación de mantener intacto en su legislación el principio de jurisdicción universal para juzgar a los responsables de la comisión de crímenes de guerra. Por ello consideramos esta resolución un claro incumplimiento de las obligaciones convencionales asumidas por el Estado español. En relación con otros crímenes internacionales como los crímenes contra la humanidad o el genocidio, tipificados por el Derecho Internacional, su aprobación también supone, en la medida en que impida enjuiciarlos, un acto de encubrimiento. La decisión traerá también consigo, en consecuencia, una evidente limitación de los derechos de las víctimas.

PEDIMOS al Gobierno que no siga adelante con la reforma del artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y que no se perjudiquen las causas actualmente abiertas. Creemos que el Gobierno español está en la obligación de anteponer el cumplimiento de sus compromisos internacionales y la defensa de los derechos humanos frente a eventuales intereses nacionales y presiones económicas o políticas.

FIRMAN ESTE MANIFIESTO:

 ACAT - Catalunya/España (Acció dels Cristians per l' Abolició de la Tortura), ACSUR - Las Segovias, Al Quds Málaga, Alberto Arce, director de documentales y activista por Palestina, Alberto San Juan Guijarro, actor, Alfons Aragoneses, investigador y profesor en la Universidad Pompeu Fabra, Alliance for Freedom and Dignity de España, Antonio Fernández Tomás, catedrático de Derecho Internacional Público en la UCLM, Asociación Andaluza por la Solidaridad y por la Paz – ASPA, Asociación Cultura, Paz y Solidaridad Haydée Santamaría, Asociación de Solidaridad de los trabajadores y trabajadoras de los países empobrecidos, Sotermun, Asociación Elcàlam - Comité de defensa de los derechos humanos en el Magreb, Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos - AEDIDH, Asociación Hispano Palestina Jerusalén, Asociación para las Naciones Unidas en España - ANUE, Asociación Paz con Dignidad, Asociación Pro Derechos humanos de España - APDHE, Associació Catalana per la Defensa dels Drets Humans, Associació Catalana per la Pau, Associacio Cultura, Pau i Solidaritat Haydée Santamaría de Catalunya, ATTAC España, Boti García Rodrigo (activista LGTB), Carlo Frabetti. Escritor, matemático y guionista, Carlos Fernández Liria. Profesor de la Universidad Complutense de Madrid, Carlos Taibo, Profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, Carmen Pérez González, Profesora de Derecho Internacional Público, Univ. Carlos III Madrid, Carmen Ruiz Bravo, Arabista y Catedrática jubilada de la UAM, Comisión Española de Ayuda al refugiado - CEAR, Comité de Solidaridad con la Causa Árabe - CSCA, Consell de la Joventut de Barcelona, Ecologistas en acción, Elisa Garzón, actriz, Federación de Asociaciones para la Promoción y la Defensa de los Derechos Humanos-España, Fernando Álvarez Uría, sociólogo Profesor  de la Universidad Complutense, Ferran Izquierdo Brichs. Profesor de Relaciones Internacionales, Universidad Autónoma de Barcelona, Foro Ciudadano de la Región de Murcia, Francisco Jarauta, Filósofo, François Houtart, Profesor Emérito Universidad de Lovaina, Bélgica, Fundación IEPALA, Fundación Mundubat, Grupo de ONG por Palestina, Ignacio Álvarez Ossorio,  Profesor del Área de Estudios árabes e islámicos, Universidad de Alicante, Iniciativa per Catalunya -Verds, Institut de Drets Humans de Catalunya, Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria IECAH, International Jewish Antizionist Network - IJAN, Izquierda Anticapitalista, Izquierda Unida - IU, Jaime Pastor Verdú profesor de Ciencia Política de la UNED, Javier Chinchón Álvarez, Profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. Universitat Illes Balears, Javier Corcuera Andrino (director de cine), Joan Josep Nuet, Senador de IU por Catalunya, Jorge Montes (historiador), José Manuel Martín Medem, periodista, Josefa Martín Ramírez, Juan Carlos Madrid, regidor de teatro, Juan Diego Botto, actor, Julia Varela, socióloga, Profesora  de la Universidad Complutense, Justicia y Paz, Laura Camargo Fernández (Profesora Universitat de les Illes Balears), Lidia Fernández Montes, Lidón Soriano Segarra (Profesora Universidad Camilo José Cela. Madrid), Lucía Álvarez, actriz, Lucia Mazarrasa Alvear,  activista y trabajadora del sector de Salud, Luz Gómez García, profesora de Estudios Árabes e islámicos de la Universidad Autónoma de Madrid, Mairena Solidaria de Sevilla, Manuel Muriel, Margalida Capellà, (Profesora de Derecho Internacional Público en la Universitat de les Illes Balears), Maria Jesús Miranda López (Esker Alternatiboa), Maria Jose Lera, Profesora Titular Universidad de Sevilla, premio Clara Campoamor 2009, Mercè Adrové, Miquel Àngel Llauger, Diputado por el Parlament de les Illes Balears, Movimiento por la Paz - MPDL, Mujeres por la Paz y Acción Solidaria con Palestina, Najaty S. Jabary,  Palestinarekin Elkartasuna, Pamplona - Iruña, Partido Comunista de España - PCE, Pedro Martínez Montavez, Catedrático Emérito de la Universidad Autónoma de Madrid, Pepa Terrón, periodista, Pierre Galand, Presidente del European Co-ordinating Committee of NGOs on the Question of Palestine - ECCP, Pilar Bardem, actriz, Pilar Salamanca, Plataforma de Solidaridad con Palestina de Sevilla, Plataforma Solidaria con Palestina - Valladolid, Rafael Escudero Alday, Profesor Titular de Derecho, Universidad Carlos III de Madrid, Red de Jóvenes Palestinos, Rosa Regás, Escritora, Santiago Alba Rico, escritor y filósofo, Servei Civil Internacional - Catalunya, Sodepau, Sodepaz - Valladolid, Sodepaz, Taula per Palestina, Illes Balears, Teresa Aranguren, periodista, Unión Sindical Obrera - USO, Willy Meyer Pleite, eurodiputado de Izquierda Unida, Xarxa d'Enllaç amb Palestina,

 Enviar las firmas a coordinacion@ongporpalestina.org

 


Fuente: http://blogs.publico.es/dominiopublico/1297/golpe-a-la-justicia-universal/ & Tlaxcala

Artículo original publicado el 22 de mayo de 2009

Sobre el autor

URL de este artículo en Tlaxcala: http://www.tlaxcala.es/pp.asp?reference=7691&lg=es

 


EN EL VIENTRE DE LA BALLENA: 23/05/2009

 
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